Agencia / Foto: Cortesía

La Cancillería de Chile emitió un documento en el que asegura que un año después del estallido social el país "ha recuperado su normalidad", pero que "deberá seguir trabajando para controlar, con estricto apego a la ley, a grupos violentistas".

El informe ve la luz justo a dos días de que se cumpla el primer aniversario de las protestas y tras varias semanas en las que, con la cercanía de esta efeméride, la agitación ciudadana volvió a las calles tras un parón de varios meses por la pandemia.

La Policía chilena, que acumula multitud de denuncias por contener las manifestaciones ejerciendo represión, ha vuelto a ser cuestionada por abusos en las últimas semanas después de que un agente lanzará a un joven hacia un río durante una manifestación, ocasionándole graves lesiones.

El próximo 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron en Chile las revueltas contra el Gobierno y la desigualdad económica más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.

El texto, firmado por el canciller del país, Andrés Allamand, describe el estallido social como una mezcla de "inusitada y desconocida violencia" y de "manifestaciones de protesta pacíficas", y contempla que factores como "la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público" se encuentran en su germen.

La evolución del estallido derivó en una crisis política que se encauzó en el acuerdo entre Gobierno y oposición para celebrar un plebiscito sobre una nueva Constitución, según el documento.

El texto, que fue enviado a todas las embajadas de Chile en el extranjero, busca también dar garantías a los inversores de otros países, detalla EFE. 

Así, aborda el próximo plebiscito constitucional, que se celebrará este domingo, y subraya que en la eventualidad de que los ciudadanos elijan cambiar la Constitución, la convención constituyente que redacte la nueva Carta Magna "deberá respetar los tratados internacionales adoptados por Chile, incluyendo derechos humanos y aspectos económicos, tales como el resguardo a las inversiones extranjeras".

Preocupan los grupos violentistas

El documento describe que en el próximo año Chile vivirá procesos electorales locales, regionales y nacionales y que el desafío del país es "encauzar su proceso político en un ambiente de normalidad y paz social".

Al respecto, el canciller ve con preocupación la acción de grupos violentos "cuyo propósito es afectar el normal funcionamiento de actividades nacionales" y "alterar el itinerario democrático", y considera clave poder controlarlos.

Para ello es necesaria "la acción del Gobierno para frenar la violencia e imponer el orden público a través de Carabineros (Policía), que en su actuar debe dar plenas garantías de que no habrá vulneraciones a los derechos humanos y, en segundo lugar, el repudio enérgico y sin ambigüedades de todas las fuerzas políticas a fin de aislar a los violentistas", dice el texto.

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